El gobierno de Pedro Sánchez prepara una reforma para que los menús halal sean obligatorios en todos los colegios y hospitales públicos españoles. Presentada como una medida para respetar la diversidad cultural, ética y religiosa, la iniciativa fue revelada por OkDiario, un medio digital español de tendencia derechista. Esta disposición está incluida en un anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy. El texto, actualmente abierto a consulta pública, representa un primer paso hacia la adopción de un marco legal diseñado para armonizar la alimentación en las instituciones públicas, así como en ciertos centros privados que atienden a personas dependientes o vulnerables.
El objetivo declarado es doble: mejorar la calidad nutricional de las comidas servidas en el sector público y reflejar mejor la diversidad de prácticas alimentarias de la sociedad española.
Menús adaptados, sin coste adicional para los usuarios
En concreto, la futura ley exigiría a las administraciones públicas adaptar sus contratos de restauración institucional, ya sea para comedores escolares, hospitales o incluso máquinas expendedoras. Los establecimientos deberán ofrecer diversos tipos de menús para satisfacer las necesidades religiosas, éticas o de salud de los usuarios. Además de los menús halal, la legislación contempla opciones vegetarianas, así como comidas sin gluten y sin lactosa. El gobierno hace hincapié en un punto clave: esta diversificación de la oferta no debe suponer un aumento de precios para las familias, los pacientes ni los usuarios de los servicios públicos.
La reforma también incluye un componente de salud. Se limitará el consumo de productos ultraprocesados, se fomentará la cocina en el propio establecimiento y se promoverá la dieta mediterránea como referencia. Este enfoque dietético prioriza las verduras, las frutas, las legumbres, los cereales integrales, el pescado y el aceite de oliva, a la vez que reduce las carnes rojas y los alimentos procesados. Según el gobierno, el objetivo es mejorar los hábitos alimentarios y controlar los costes, en un contexto de presión presupuestaria sobre las administraciones públicas.
Salud pública, diversidad y debates políticos
Para apoyar su proyecto, el gobierno se inspira, en particular, en la experiencia adquirida en centros penitenciarios. En varias prisiones, las autoridades han implementado un menú básico más ligero, bajo en grasas y sin fritos, adaptado a las altas tasas de diabetes e hipertensión entre los reclusos. Se afirma que este enfoque ha reducido ciertos gastos, a la vez que ha mejorado los indicadores de salud. Sin embargo, el problema de la comida halal en los servicios públicos no es nuevo y ya ha generado controversia. En 2023, la adjudicación de contratos públicos para comidas exclusivamente halal en varios colegios de Ceuta provocó fuertes reacciones políticas y mediáticas. El gobierno justificó esta decisión en su momento argumentando que en algunos lugares el alumnado musulmán era mayoritario.
Con esta futura ley, el gobierno espera evitar enfoques improvisados y controvertidos mediante el establecimiento de un marco nacional único. Sin embargo, la cuestión podría reavivar el debate sobre el lugar de la religión en la esfera pública. Para el gobierno, el reto es claro: convertir la alimentación en una herramienta para la salud pública y la cohesión social, reflejando la verdadera diversidad de la sociedad española.
Espero que piensen en las posibilidades de obligar a ofrecer por ley menús kosher si la demanda y las posibilidades son las adecuadas