Las organizaciones musulmanas en la India están indignadas por un proyecto de ley aprobado por el Parlamento el viernes 4 de abril, que modifica la ley sobre la gestión de los activos donados bajo el sistema waqf.
Con esta polémica medida, impulsada por el primer ministro Narendra Modi y el Partido Bharatiya Janata (BJP), el gobierno pretende fortalecer la supervisión de las minorías musulmanas permitiendo que los no musulmanes formen parte de las juntas directivas que gestionan los waqfs en nombre de la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. La promoción de la diversidad se ha utilizado incluso como argumento, incluso cuando se trata de la gestión específica de bienes religiosos y comunitarios.
El BJP, que perdió su mayoría en las últimas elecciones de 2024, ha logrado unir a varios partidos en torno a su proyecto de ley. Se trata de 872.000 propiedades, incluidas mezquitas, escuelas, cementerios, orfanatos y empresas. Se estima que el valor de estos activos es de aproximadamente 14.200 millones de dólares.
Esta legislación vulnera los derechos de propiedad de los musulmanes, deploran sus órganos representativos, que temen más que nunca la confiscación de mezquitas y centros religiosos históricos en beneficio de movimientos ultranacionalistas hindúes. Estos últimos llevan años intentando apoderarse de varios lugares de culto musulmanes en todo el país, argumentando en particular que están construidos sobre antiguos templos hindúes o lugares sagrados.
Varias organizaciones también han denunciado una legislación discriminatoria, que ahora está a la espera de ser promulgada por el presidente. La más reciente, la influyente Junta de Derecho Personal Musulmán de Toda la India (AIMPLB), anunció el sábado 5 de abril una batalla legal para derogar una ley «injusta» y pretende, para ello, «liderar un movimiento nacional en coordinación con todas las organizaciones religiosas, comunitarias y sociales» para decir no a una violación de un derecho constitucional.
El Consejo no solo recurrirá a los medios legales para impugnar estas enmiendas discriminatorias e injustas ante la Corte Suprema, sino que también utilizará todos los medios democráticos y pacíficos de protesta, como manifestaciones, protestas simbólicas como el uso de brazaletes negros, mesas redondas con conciudadanos y conferencias de prensa, afirmó en un comunicado.
Las primeras manifestaciones ya se han organizado este fin de semana en todo el país. Movilizaron a decenas de miles de personas. La Corte Suprema también fue inmediatamente llamada a examinar la validez constitucional de la medida.
