Desde otoño pasado, el presidente del Gobierno tiene en su despacho una carta que solicita formalmente a España el reconocimiento jurídico y simbólico de los moriscos y andalusíes que fueron expulsados de la península ibérica hace más de cinco siglos. La misiva está firmada en Rabat por la Fundación Memoria de los Andalusíes, cuyo presidente, Mohammed Najib Loubaris, reclama igualdad de trato que el dispensado por el Estado español a los judíos sefardíes, a quienes sí reconoce como comunidad histórica de especial vínculo con España.
En la breve carta, de apenas página y media, la asociación morisca andalusí aplaude el decreto de 2015 que concede a los sefardíes la nacionalidad española en un gesto que representa, a juicio de la Fundación, la «reconciliación del país con su historia». Sin embargo, agrega el escrito, «una vez más, la memoria de los moriscos andalusíes ha sido excluida de la nueva legislación y de la memoria colectiva española, a pesar de que también fueron expulsados por las mismas razones».
Más de 300.000 moriscos españoles, según estimaciones de los especialistas, tuvieron que abandonar la península ibérica por orden de un decreto firmado por Felipe III en 1609. La mayoría fue deportada a los países del norte de África, principalmente Marruecos, Argelia y Túnez, donde se integraron en las sociedades mayoritariamente musulmanas. Muchos han conservado su conciencia identitaria a través de los siglos, como es el caso de los descendientes organizados en la Fundación Memoria de los Andalusíes.
Un siglo antes, en 1502, y diez años después de la caída del Reino de Granada, los musulmanes fueron forzados a convertirse al cristianismo en una operación impulsada por los Reyes Católicos para lograr la unificación religiosa de España. Fue entonces cuando la comunidad conversa tomó el nombre de moriscos. Muchos otros musulmanes ya habían abandonado la península ante la creciente presión de los reinos cristianos del norte. A esta primera oleada pertenece la familia de Abdelgafar El Akel, cuyos ancestros salieron de Granada con destino a Chauen, en el norte de Marruecos, antes de 1492 para huir de la inestabilidad política que hacía tambalear el declinante poder islámico del sur.
La familia El Akel ha conservado su memoria andalusí durante siglos. De hecho, aún custodia como oro en paño una antigua llave que aseguran pertenecer a la casa granadina que tuvieron que dejar para siempre en el siglo XV. No es la única prueba que atestigua su presunta procedencia española. También guardan un documento notarial con dos siglos de antigüedad que certifica el apellido Al Andalusí de sus antepasados. Abdelgafar El Akel heredó ese vínculo de pertenencia de su padre y de su abuelo, que, a su vez, les había sido transmitido por sus ascendientes. Tanto es así que obligó a sus hijos a estudiar español en el instituto de Tetuán, cuando podían haberse matriculado en francés en Chauen. Los tres terminaron inscritos en la Universidad de Granada, la ciudad de sus ancestros.
Iman El Akel estudió Ciencias Políticas y conoce toda la historia familiar de boca de su padre. «La llave era un tesoro de gran valor en casa de mi abuelo y es el único legado que conservamos de Al Andalus», asegura a través del teléfono desde la ciudad de la Alhambra. «En mi familia siempre ha habido conciencia andalusí. Mi abuela preparaba recetas de comidas que luego reconocí cuando vine a España». El Akel significa en árabe «el lúcido» o «el listo». Y, según la memoria familiar, el apodo le fue endosado a sus antepasados porque tuvieron la «lucidez» de establecerse en Chauen antes de la caída de Granada. Cuando los moriscos fueron expulsados un siglo después y se asentaron en el norte de Marruecos, la familia Akel ya había prosperado en tierras magrebíes.
Su caso es relativamente frecuente en el Magreb. «Hay bastantes familias de origen andalusí. En Chauen yo conozco algunas. Un amigo mío se llama El Garnatí («el Granadino»). Los apellidos te delatan. Y muchas familias tienen por costumbre casarse entre ellas para conservar la identidad», explica el joven marroquí en un pulcro español. En Tetuán quedan linajes de procedencia andalusí. Por ejemplo, la familia de Amin Chaachoo, reconocido musicólogo, o Jalal Chekara, fundador de la orquesta de su mismo nombre que ha recuperado composiciones tradicionales andalusíes de enorme belleza.
La causa morisca es una vieja reivindicación que cuenta con significados defensores. El escritor y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez ha trabajado activamente desde hace años en favor de la equiparación de derechos con los judíos sefardíes. «Sería un reconocimiento casi simbólico pero justo», subraya el también autor de La huella morisca. Los sefardíes, expulsados por los Reyes Católicos en 1492, sí gozan de un trato preferente en la legislación española. El artículo 22 del Código Civil abre una vía rápida de concesión de la nacionalidad a ciudadanos de origen iberoamericano, Andorra, Portugal, Filipinas, Guinea Ecuatorial y también sefardíes. Mientras que para cualquier otro nacional se necesita una residencia de diez años, para los ciudadanos de antiguas colonias españolas o especial vínculo histórico basta con solo dos. Los judíos sefardíes figuran en el listado. Los moriscos, no.
Justo eso es lo que solicitan los andalusíes. «Donde existe la misma razón, debería existir el mismo derecho», sostiene el jurista Antonio Manuel Rodríguez. Los judíos fueron expulsados en 1492 y los moriscos en 1609 por idéntico motivo. Pero su tratamiento jurídico es dispar. En 2015, además, el Gobierno amplió su estatus al otorgarle la nacionalidad española directa por «carta de naturaleza». «¿Por qué no puede tener la nacionalidad española un descendiente morisco después de vivir muchos años aquí y sí un judío sefardí que no ha pisado nunca España?», se pregunta el profesor de Derecho Civil. «Hay una clara vulneración del principio de igualdad», abunda.
Más allá de las consecuencias prácticas del reconocimiento jurídico de los moriscos, la medida tendría un alcance meramente simbólico, a juicio de Antonio Manuel Rodríguez, por cuanto nos reconciliaría con una parte esencial de nuestra historia. «El hecho de que aparezcan los moriscos en el Código Civil sería una revolución porque se reconocería por primera vez a los andalusíes» como comunidad constitutiva de la identidad española. El profesor cordobés es partidario de la creación de una oficina de acreditación de descendientes moriscos y andalusíes similar al mecanismo habilitado para sefardíes. A finales de 2020 ya habían obtenido la nacionalidad española 15.300 sefardíes, de los más de 153.000 que la solicitaron. Otras 25.500 tramitaciones con todos los informes recibidos están pendientes de resolver durante 2021, según datos del Ministerio de Justicia.
El historiador Enrique Soria es uno de los mayores expertos sobre conversos en España. Tras años de investigación, ha demostrado que muchos moriscos se quedaron en la península tras el decreto de expulsión camuflando sus apellidos y adoptando nombres castellanos para evitar la acción implacable de la Inquisición. «Yo he estudiado a muchos que mantuvieron su identidad cultural incluso hasta el siglo XIX. Y he investigado a un grupo de unos 300 que cayeron en manos de la Inquisición en Granada en 1727. Muchos eran gente de la nobleza». Cuando abandonaron la cárcel huyeron a países de mayoría musulmana y acabaron recuperando su identidad originaria.
Soria cree que el proceso de acreditación de las familias moriscas va a chocar con la precariedad de pruebas materiales. El historiador estima casi «imposible» que puedan justificar «documentalmente su ascendencia». En su opinión y, a diferencia de los sefardíes, la mayor parte de las comunidades moriscas y andalusíes no disponen de fuentes escritas fiables. Lo que sí corrobora el profesor Enrique Soria es que la mayoría de los moriscos expulsados de España recalaron en Marruecos, Argelia y Túnez, y que en la ciudad de Salé, junto a Rabat, llegaron a fundar una república con identidad propia.
En su carta al presidente del Gobierno español, fechada el 10 de octubre pasado, la Fundación Memoria de los Andalusíes recuerda que sus «antepasados dieron tanto a España y su legado sigue ahí claramente presente». «La democracia no puede pasar por alto, indefinidamente, su cita con la historia», subraya Loubaris, quien le pide a Pedro Sánchez un «sencillo gesto» de reconocimiento jurídico y simbólico de inclusión en el artículo 22 del Código Civil de los descendientes de moriscos y andalusíes. «Estamos seguros», concluye la misiva, «de que la llama de la memoria morisco-andaluza (…) no dejará de iluminar la conciencia colectiva en un país que también fue el de nuestros antepasados».
