El
ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, decidió
recientemente suspender el proceso de reconocimiento de la Gran
Mezquita de Bruselas, lo que permitiría que la estructura en
particular se beneficie de las ayudas públicas. Por una buena razón,
las autoridades sospechan que los líderes del lugar de culto,
nombrados para poner fin a la supervisión saudí, son sospechosos de
espionaje en nombre de Marruecos.
Según un informe de la
Seguridad del Estado mencionado por RTBF, sería en particular el
estrecho vínculo que se establece entre Marruecos y Salah
Echallaoui, vicepresidente del Ejecutivo de Musulmanes de Bélgica
(EMB), institución representativa del culto musulmán de este país,
lo que ha levantado la voz de alarma.
En una entrevista con el
canal flamenco VRT el viernes 4 de diciembre, el ministro dijo que
“los tentáculos de Marruecos se están extendiendo mucho e impiden
que se desarrolle un Islam autónomo en Bélgica”. Y afirmó con
determinación que el gobierno belga “nunca aceptará que otros
países intenten secuestrar el Islam de Bélgica con fines
políticos”. Por eso, el ministro pidió a las instituciones
musulmanas que renueven sus instancias y “promuevan un Islam
progresista compatible con los valores de nuestra
sociedad”.
Reacción de la Gran Mezquita de
Bruselas
“Solo podemos expresar nuestro más sincero
pesar por la suspensión del proceso de reconocimiento de la Gran
Mezquita de Bruselas a pesar del trabajo constructivo y concertado a
largo plazo con las autoridades públicas y los servicios pertinentes
de nuestro país. Las declaraciones del ministro de Justicia (…)
desconocen todos los logros alcanzados en el campo de la
institucionalización del Islam en Bélgica desde 1998”, denunció
mediante una nota de prensa la Asociación para la Gestión de la
Gran Mezquita de Bruselas y el Consejo de Coordinación de
Instituciones Islámicas en Bélgica, recordando que el ministro aún
no ha respondido a su solicitud de cita con vistas a organizar un
informe de evaluación oficial.
La nota desestima los cargos
de injerencia y espionaje. “Nuestras instituciones son
organizaciones que se rigen por el derecho público y el derecho
civil belga, y cuyos miembros son ciudadanos belgas de pleno
derecho”, indica. Por tanto, es “difamatorio, abusivo y
calumnioso declarar que nuestros miembros son espías a sueldo de
países extranjeros”. En definitiva, “estas acusaciones son
infundadas, controvertidas y cuestionables”.
Para estas
instituciones, los comentarios del ministro violan la libertad de
culto, el principio de neutralidad y el principio de separación
entre Iglesia y Estado. Esta intervención política constituye “una
injerencia manifiesta en los asuntos de la religión islámica”.
Para ellos, “no corresponde a los políticos definir las
cualificaciones para un culto, ni apelar a las comunidades religiosas
en cuanto a la elección de sus representantes”. “La comunidad
musulmana en Bélgica no aceptará ser intimidada y estigmatizada a
través de sus instituciones y sus miembros”, señala la nota. Sin
embargo, las autoridades musulmanas “siguen abiertas al diálogo
con las autoridades públicas”.