Ministro de Justicia belga acusa a dirigentes de la Gran Mezquita de Bruselas de espionaje a favor de Marruecos

El ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, decidió recientemente suspender el proceso de reconocimiento de la Gran Mezquita de Bruselas, lo que permitiría que la estructura en particular se beneficie de las ayudas públicas. Por una buena razón, las autoridades sospechan que los líderes del lugar de culto, nombrados para poner fin a la supervisión saudí, son sospechosos de espionaje en nombre de Marruecos.

Según un informe de la Seguridad del Estado mencionado por RTBF, sería en particular el estrecho vínculo que se establece entre Marruecos y Salah Echallaoui, vicepresidente del Ejecutivo de Musulmanes de Bélgica (EMB), institución representativa del culto musulmán de este país, lo que ha levantado la voz de alarma.

En una entrevista con el canal flamenco VRT el viernes 4 de diciembre, el ministro dijo que “los tentáculos de Marruecos se están extendiendo mucho e impiden que se desarrolle un Islam autónomo en Bélgica”. Y afirmó con determinación que el gobierno belga “nunca aceptará que otros países intenten secuestrar el Islam de Bélgica con fines políticos”. Por eso, el ministro pidió a las instituciones musulmanas que renueven sus instancias y “promuevan un Islam progresista compatible con los valores de nuestra sociedad”.

Reacción de la Gran Mezquita de Bruselas

“Solo podemos expresar nuestro más sincero pesar por la suspensión del proceso de reconocimiento de la Gran Mezquita de Bruselas a pesar del trabajo constructivo y concertado a largo plazo con las autoridades públicas y los servicios pertinentes de nuestro país. Las declaraciones del ministro de Justicia (…) desconocen todos los logros alcanzados en el campo de la institucionalización del Islam en Bélgica desde 1998”, denunció mediante una nota de prensa la Asociación para la Gestión de la Gran Mezquita de Bruselas y el Consejo de Coordinación de Instituciones Islámicas en Bélgica, recordando que el ministro aún no ha respondido a su solicitud de cita con vistas a organizar un informe de evaluación oficial.

La nota desestima los cargos de injerencia y espionaje. “Nuestras instituciones son organizaciones que se rigen por el derecho público y el derecho civil belga, y cuyos miembros son ciudadanos belgas de pleno derecho”, indica. Por tanto, es “difamatorio, abusivo y calumnioso declarar que nuestros miembros son espías a sueldo de países extranjeros”. En definitiva, “estas acusaciones son infundadas, controvertidas y cuestionables”.

Para estas instituciones, los comentarios del ministro violan la libertad de culto, el principio de neutralidad y el principio de separación entre Iglesia y Estado. Esta intervención política constituye “una injerencia manifiesta en los asuntos de la religión islámica”. Para ellos, “no corresponde a los políticos definir las cualificaciones para un culto, ni apelar a las comunidades religiosas en cuanto a la elección de sus representantes”. “La comunidad musulmana en Bélgica no aceptará ser intimidada y estigmatizada a través de sus instituciones y sus miembros”, señala la nota. Sin embargo, las autoridades musulmanas “siguen abiertas al diálogo con las autoridades públicas”.