Dinamarca acaba de promover una serie de medidas a favor de la integración que, vistas desde fuera, parecen muy polémicas e incluso lesivas para los derechos humanos. El primer ministro Lars Lokke Rasmussen, del Partido Liberal, ha anunciado un plan para eliminar los guetos y sus problemáticas sociales para 2030 y poner fin a esas “sociedades paralelas” que existen en el seno de su comunidad.
Aunque están en tramitación de aprobar todas o algunas de sus enmiendas, éstas consistirán en:
Circunscripción de los guetos como “conflictivos” si los barrios cumplen dos o más de las siguientes condiciones: más de un 40% de desempleo, ratio de criminalidad relacionado con las armas o el narcotráfico superior al 2.7% y/o más de un 50% de población inmigrante. De cumplirse este criterio, la población de sus barrios tendrá que asimilar medidas extraordinarias, como:
Separación forzosa de los niños de los guetos de 1 a 6 años de sus padres durante 25 horas a la semana para que acudan a colegios de preescolar donde se les eduque en “valores daneses”. De no cumplir la norma, se denegarán las ayudas sociales a la familia.
Doblar las penas de las condenas de los crímenes cometidos por personas que provengan de un gueto con respecto a los ciudadanos del resto de zonas.
Toque de queda para los menores de los guetos, que no podrían salir de su casa a partir de las 8 de la tarde. Si es necesario, colocar pulseras electrónicas para el control de los niños.
1.600 millones de euros de gasto en la demolición progresiva de estos barrios.
Salvo la medida del toque de queda, que fue propuesta por el Partido Popular Danés, de extrema derecha, se espera que se aprueben el resto de directrices con el consentimiento tácito del partido socialista del país.
Los criterios anteriores, en combinaciones diversas, se llevan cumpliendo en todos los guetos daneses desde hace casi 30 años. Más del 80% de la población de estos guetos (principalmente compuestos de viviendas públicas) es extranjera o de origen extranjero. Viven en las zonas más deprimidas de las ciudades del país, y esta segregación espacial (muchas veces forzada inicialmente por el propio Estado) ha existido desde tiempos inmemoriales en la pequeña Dinamarca, pero en los últimos años, y con el auge de la extrema derecha, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la población local.
Si en 1980, con mayores niveles de paro y delincuencia, el debate sobre las minorías no ocupaba ni un 1% de los programas de los políticos, en 2017 más de la mitad de los ciudadanos considera como su mayor preocupación la inmigración y los refugiados. Estas leyes de presión hacia los guetos sólo se pueden leer en clave cultural y racial.
Otra parte importante, también, es el demostrado racismo y los prejuicios de los daneses contra los de fuera. Los extranjeros sufren proporcionalmente más detenciones policiales y más trabas a la hora de acceder a un puesto de trabajo que los vecinos. En Dinamarca, el desempleo entre ciudadanos que no sean originarios de la OECD es 13 puntos superior al del resto de la población, una cifra de paro de los inmigrantes mucho mayor que entre la mayoría de países europeos.
Como denuncian algunos musulmanes, el foco no es solamente ubicarles donde al Estado les parezca correcto, sino imponer unas creencias religiosas. Los niños de preescolar reciben educación protestante, y luego llegan a sus casas pidiendo juguetes a Papá Noel. La ministra de inmigración dijo a los musulmanes que ocultasen sus prácticas durante el Ramadán para evitar “ponernos en peligro a todos”.
En 2007,una mujer musulmana llamada Asmaa Abdol-Hamid intentó presentarse como candidata al parlamento danés, pero su candidatura fue rechazada por los grupos políticos de ambos signos. ¿El motivo? Llevaba hiyab y no estaba dispuesta a quitárselo.
