Un imam marroquí de Tetuán, de 68 años, y de otro marroquí, de 32. Ambos fueron expulsados del territorio español por su presunta implicación en casos de extremismo y apología del terrorismo.
Dentro de este marco, España busca erradicar los discursos extremistas que pueden causar fracturas en la sociedad e intenta promover un islam moderado en el país que facilite la integración de los musulmanes en la sociedad. La libertad religiosa está garantiza por la Constitución y las leyes.
Las corrientes islámicas radicales como el salafismo dificultan la integración de los musulmanes en la sociedad occidental y favorecen procesos de radicalización de las personas, con imposición de la sharía. Suponen una amenaza porque difunden un mensaje contrario a los principios constitucionales y al estado de derecho. A veces, llegan a estar vinculadas con el terrorismo yihadí, al que proporcionan legitimidad ideológica y del que constituyen un importante “caldo de cultivo” de individuos radicalizados susceptibles de ser reclutados.
Marruecos y España mantienen muy buenas relaciones en la lucha contra el terrorismo y han llevado a cabo una simplificación de los procedimientos de expulsión por motivos vinculados al extremismo.