«Nadie habla por nosotros», empieza subrayando Mohamed Said Badaoui, refiriéndose a la comunidad musulmana. El exportavoz de la mezquita As-sunnah de Reus añade: «Vemos cómo se vulneran nuestros derechos, ya sea por desconocimiento de la ley o por xenofobia, y nadie hace nada, por lo que hemos creído necesario crear una asociación».
Se
trata de la Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat
Musulmana, la primera de este tipo al menos en la provincia de
Tarragona y creada por un grupo de once jóvenes de la zona: siete
hombres y cuatro mujeres de perfiles profesionales diversos, desde
abogados a maestros, entre otros. ¿El objetivo? «Defender la
comunidad musulmana cuando se vulneren sus derechos. Somos jóvenes
que hemos crecido o nacido aquí y conocemos la realidad del país y
la legalidad», remarca el reusense Badaoui, al frente de esta nueva
asociación.
La idea empezó a andar este pasado verano y fue
hace justo unos días que empezaba a funcionar el proyecto. Según
detalla su presidente, el objetivo final es alcanzar «una buena
convivencia» y, para ello, se prevén dos líneas de trabajo. Por un
lado, trabajar para eliminar tópicos y estereotipos, «ofreciendo
servicio a entidades y a la administración y hacer, por ejemplo,
charlas que ayuden a normalizar el islam». Por otro, implicarse en
casos en los que algún derecho de la comunidad musulmana se haya
vulnerado.
Mohamed Said Badaoui detalla que actuarán en dos
líneas: por iniciativa propia de la asociación o también ante la
petición de algún ciudadano o entidad que pida ayuda. De entrada,
la asociación actuará a nivel provincial, «pero no descartamos
interceder en el caso de que haya alguna necesidad a nivel autonómico
o estatal». El papel de la asociación será, principalmente, el de
mediar y asesorar, «y si llega el caso en el que la mediación no
funciona, llegaríamos a la vía judicial», relata Badaoui, quien
asegura que «emprenderemos las acciones que sean
necesarias».
Problemas
de convivencia
El
presidente de la asociación explica que, tras unos años en los que
se había mejorado la convivencia, «en estos últimos, en cambio, el
ambiente se ha ido crispando». Lo atribuye a la fuerte crisis
económica y, especialmente, «al aumento de los partidos xenófobos
de extrema derecha que han utilizado la inmigración y, sobre todo,
la comunidad musulmana para conseguir votos, lo que ha crispado la
sociedad».
El presidente y abogado de Watani Asociación de
Ciudadanos para la Convivencia y el Desarrollo (ACCD) de Reus, Hilal
Tarkou, conoce bien este tema. Ha denunciado a partidos como Vox y
Plataforma per Catalunya. Ahora, ante la creación de esta nueva
asociación, no lo duda: «Cuantas más personas luchen con un
objetivo de defensa de cualquier tipo de derecho humano, serán
bienvenidas». Tarkou recuerda que lleva años luchando «y no voy a
parar». «Esta asociación será una rama más, una entidad más
dentro del tejido asociativo que lucha por los derechos»,
subraya.
El abogado reusense explica que «parece que, para
muchos, los musulmanes somos los culpables de todo, cuando somos los
primeros damnificados». Punto de vista que, en parte, culpa al
enfoque que dan los medios de comunicación. «No hay que referirse a
un musulmán como una persona que da miedo… Eso no es así.
Musulmán es una persona que profesa la religión islámica. No somos
más malos que los cristianos o viceversa. Estamos integrados y
formamos parte del tejido social. La palabra musulmán se relaciona
con algo más allá de su pura definición, con connotaciones
negativas». Por lo que considera que el lenguaje debería
cambiar.
Aunque la Associació per la Defensa dels Drets de la
Comunitat Musulmana hace poco que echó a andar, Badaoui explica que
ya han empezado a trabajar en una línea concreta. Aun así, de
momento prefiere no desvelarlo. Lo que sí están trabajando a fondo
es en darse a conocer, «y muchos, entre ellos, políticos, ya se han
puesto en contacto».
Las
licencias para centros de culto
Desde
la Associació per la Defensa dels Drets de la Comunitat Musulmana se
detalla que entre los derechos que ven que, a menudo, son vulnerados
hay el de disponer de centros de culto. En este sentido, relatan que
se encuentran con dificultades para obtener la licencia, además de
que en ocasiones los vecinos se oponen. «Hay municipios que, de
entrada, descartan que haya centros de culto musulmán, ya sea por
desconocimiento de la ley o por un tema de racismo», explica el
presidente de la asociación, Mohamed Said Badaoui. A modo de
ejemplo, en Tarragona se aprobaba a finales del pasado mes de
septiembre el último trámite para la nueva mezquita de Sant Pere i
Sant Pau.
Un centro de culto impulsado por la Comunidad
Islámica Assalam y que ha generado mucha controversia entre algunos
vecinos del barrio. De hecho, la Associació de Veïns La Unió
presentó una alegación alertando de que la instalación del centro
en el barrio podía comportar «problemas de convivencia» y que, a
su juicio, «la concurrencia será muy superior a la capacidad que al
calle puede acoger». Los técnicos municipales rechazaron los
argumentos.
Islam
en las escuelas
En
cuanto a las escuelas, cabe recordar que desde la comunidad musulmana
hace tiempo que se trabaja para que el islam se imparta entre los
alumnos que lo requieran. «En esta línea se está ya trabajando»,
señala Badaoui. De hecho, este curso el Departament d’Educació ha
puesto en marcha un plan piloto en algunos institutos y escuelas
públicas de Catalunya de Barcelona, El Baix Llobregat, Girona y
Tarragona.
Los maestros que imparten la materia han sido
propuestos por la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya y
validados desde Educació y tienen una titulación académica
equivalente a lo que se exige a profesores de otras materias. Cabe
recordar que esta larga petición realizada por las comunidades
musulmanas de Catalunya, y que ahora empieza a materializarse, se
basa en un acuerdo de 1992 entre el Estado español y la Comisión
Islámica de España, recogido en la Ley 26/1992, de 10 de
noviembre.
En el artículo 10 de esta ley se «garantiza»
a aquellos alumnos musulmanes que lo soliciten, «recibir enseñanza
religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados
concertados», aunque en este último caso, cuando «no entren en
contradicción con el carácter propio del centro».
