La Comisión Técnica de Educación de la Comisión Islámica de España ha mostrado su desacuerdo con la modificación del artículo 18 del Proyecto de Ley Educativa, en la que desaparece el Área de Religión de entre las Áreas de Educación Primaria, o la supresión del tercer punto de la Disposición Adicional Segunda, donde se hace mención a términos establecidos por el Acuerdo de Cooperación y cree que estos cambios suponen un considerable retroceso en los derechos alcanzados hasta ahora por los musulmanes y los ciudadanos españoles en general. Un comunicado de la Comisión a este respecto señala lo siguiente:
“Los principios inmutables de Misericordia y Compasión sobre los que se asienta nuestra religión, el Islam, al igual que tantas otras religiones expresadas y reconocidas en nuestra sociedad, fundamentan nuestros valores de Justicia, de Paz y de Dignidad. Son éstos valores que han inspirado históricamente y a día de hoy la comprensión de los Derechos Humanos, los cuales comparte el espíritu de la Constitución Española, y en los que queremos educar a nuestros hijos e hijas. La totalidad que conforman la Religión Católica, el Islam y las demás confesiones declaradas de Notorio Arraigo por el Estado Español, evidencia que una inmensa parte de la sociedad española es creyente, y que, como nosotros los musulmanes, vive y comprende los valores sociales y democráticos edificados desde la Fe religiosa.
Es la Fe la que tiene un Notorio arraigo en nuestro país, y esto se tiene que reflejar en sus instituciones y en la concepción de sus leyes. El Estado es democrático y garante de los derechos de su ciudadanía. Es aconfesional pero, por imperativo constitucional, también en este sentido debe ser permeable a su sociedad: No es justo ni igualitario proyectar para toda la sociedad española un sistema educativo que deje de lado la Fe; que no cuente con las premisas de la Fe para el hecho educativo. Para una parte significativa de la sociedad española, no es coherente ni efectivo un sistema educativo que pretenda la transmisión de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común, y que esté construido ajeno a la latencia de la Fe y de las religiones de nuestro país.
La cultura del Pacto y de la Convivencia se encuentran en la base de nuestra expresión religiosa y, del mismo modo y por tanto, de la representatividad de la Comisión Islámica de España (CIE). La medida del Acuerdo de Cooperación, de introducir el Área de Religión en el sistema educativo, es una medida importante, una concesión por ambas partes satisfactoria, de conveniencia, y en su conjunto beneficiosa, que garantiza una enseñanza de la religión acorde a los principios constitucionales. Pero, aunque los musulmanes españoles la valoremos así, no es sino una respuesta mínima desde el Estado, en cuanto a la consideración del gran número de personas creyentes que solicitan a los poderes públicos, que quieren y tienen derecho a una educación acorde a sus valores y creencias, a sus convicciones, tal y como expresa la Constitución.
La firma del Acuerdo de Cooperación no es sino el establecimiento y la concreción de medidas de Cooperación, entre el Estado y la CIE como representante de la comunidad islámica, para lograr la plena ciudadanía de los musulmanes españoles, con el cumplimiento efectivo de sus derechos y deberes. El Acuerdo es la firma de dos actores para Cooperar en la consecución de unos mismos objetivos o fines en común, que facilitan la participación en ambos sentidos: hacia la comunidad musulmana, como una parte constituyente del pueblo español, y hacia la configuración democrática y pluralista del Estado.
La modificación del artículo 18 del Proyecto de Ley Educativa, en la que desaparece el Área de Religión de entre las Áreas de Educación Primaria, o la supresión del tercer punto de la Disposición Adicional Segunda, donde se hace mención a términos establecidos por el Acuerdo de Cooperación, supone un considerable retroceso en los derechos alcanzados hasta ahora, y la pérdida de cobertura de garantías consensuadas. Junto con esto, la constante merma y variabilidad del tiempo lectivo destinado al Área, genera en nuestra percepción ciudadana un escenario muy inestable para abordar como merece este aspecto tan primordial en nuestras vidas y en la educación de nuestros hijos e hijas.”
