El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, y el delegado de la Comisión Islámica de España en las Islas Baleares, Mahfouz Salim Abu Mahfouz, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de articular las condiciones en las que se tiene que desarrollar la impartición de la enseñanza de la religión islámica en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en aplicación del Acuerdo de cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España.
El Govern balear y la Comisión Islámica quieren establecer unas condiciones objetivas por las que los padres, las madres o los tutores de los alumnos puedan ejercer el derecho que tienen de que sus hijos reciban en los centros docentes sostenidos con fondos públicos no universitarios la enseñanza de la religión islámica, siempre que así lo decidan en virtud de sus propias convicciones.
En virtud del convenio las dos partes trabajarán con el objetivo de que en el curso 2020/21 se podrán impartir clases de religión en un número máximo de 10 centros docentes sostenidos con fondos públicos. De acuerdo con las posibilidades presupuestarias cada año se podrán ampliar el número de centros docentes hasta cubrir la demanda de esta enseñanza.
Baleares cuenta 8.648 alumnos musulmanes y ningún profesor de esta religión, según el ‘Estudio demográfico de la población musulmana’, elaborado por la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) y el Observatorio Andalusí, actualizado con datos a 31 de diciembre de 2018. Dicho informe refleja que de estos más de 8.600 alumnos, 6.749 alumnos son musulmanes españoles y 5.899 son musulmanes inmigrantes.
En el caso de los alumnos de religión católica el año pasado los tribunales dieron la razón al Obispado de Mallorca determinaba que la Conselleria de Educación debía modificar el currículo de Bachillerato para que pudiera ofrecerse la asignatura de Religión en primer y segundo cursos, y no únicamente en primero, como ocurría hasta entonces. Este curso la Religión católica ya es una asignatura específica de oferta obligatoria Educación se ha visto obligada a ofertar esta asignatura, en contra de su criterio, por imperativo legal.
La sentencia se produjo una vez iniciado el curso 2018-19 y la Conselleria de Educación no la aplicó, alegando que era «muy complicado» y que no había contratado el personal docente necesario y aplazó la medida al próximo curso 2019-20 además la conselleria estableció que se dará a distancia si no hay un mínimo de 10 alumnos.
El sindicato USO considera que la decisión de Educación de hacer Religión a distancia responde a criterios «ideológicos» contra este colectivo laboral, que ya sufrió un recorte en 2016 con despidos y reducciones de jornada. «Ya llueve sobre mojado con este colectivo», se quejó este sindicato.
El TSJB ha dado la razón en varias sentencias tanto al obispado como al sindicato USO cuando denunciaron la reducción del horario de Religión de 90 a 60 minutos (lo que se tradujo en una reducción de jornada para muchos profesores).