La ciudad de Los Angeles se dispone a votar sobre si autorizar un programa financiado a nivel federal que va dirigido a la vigilancia de los musulmanes norteamericanos y que los defensores de los derechos civiles consideran como una amenaza a las libertades.
Los Angeles, junto con Boston y Minneapolis, recibirá 425.000 dólares en fondos procedentes del programa Conteniendo la Violencia Extremista (CVE), que fue iniciado por la Administración Obama para controlar una amplia serie de grupos extremistas violentos. Sin embargo, la Administración Trump ha utilizado el programa CVE como pretexto para vigilar exclusivamente a las comunidades musulmanas de EEUU. Este programa es visto con rechazo por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, sobre todo después de que el Tribunal Supremo aprobara una prohibición de entrada dirigida contra los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana.
Según Los Angeles Times, la Administración Trump intentó impedir que el programa se dirigiera contra lo que los analistas consideran como grupos supremacistas blancos radicales y violentos -muchos de los cuales apoyaron la elección de Trump en las pasadas elecciones presidenciales- y busca que afecte solo a las comunidades musulmanas de EEUU hasta el punto de intentar cambiar el nombre del programa a “Conteniendo el Extremismo Islámico” o “Conteniendo el Extremismo Radical Islámico”, señaló Reuters.
El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) ha demandado a la ciudad buscando más información sobre como se busca utilizar los fondos.
El programa CVE permite penetrar en las comunidades y recoger datos sobre cómo los musulmanes norteamericanos llevan sus vidas para segurar que no se están “radicalizando” sin ninguna transparencia ni responsabilidad en relación a lo que la Administración Trump califica como “signos de radicalización”.
Los partidarios de los derechos civiles sostienen que, a pesar del fallo del Supremo, aún es posible y necesario responsabilizar a la administración por sus violaciones a las libertades civiles a través del sistema legal.
“Los tribunales todavía importan. Si nos fijamos en los tribunales que escucharon por primera vez las demandas contra la prohibición musulmana, vemos en su mayoría se pronunciaron en contra. Tenemos que hacer el trabajo a nivel local, para que, en primer lugar, estos programas no se instituyan”.
En cuanto al CVE, estos activistas está listos para una inminente batalla legal. “Si encontramos violaciones de los derechos civiles, demandaremos a las agencias gubernamentales que actúan detrás de estos programas”.
