El período político que se abre en Túnez promete ser de alto riesgo. Además de enfrentar una grave crisis de salud, que hasta ahora ha causado más de 18.300 muertes, también enfrenta desde hace semanas una crisis política que acaba de dar un nuevo giro.
Efectivamente, el presidente Kais Saied decretó, el domingo 25 de julio, para sorpresa de todos, el congelamiento del trabajo del Parlamento por 30 días y la renuncia de Hisham Meshishi a las funciones de primer ministro, eligiendo al mismo tiempo asumir el poder ejecutivo. También anunció el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados y prometió procesar a los involucrados en casos judiciales.
Su decisión se produjo al final de una jornada de manifestaciones masivas durante la fiesta de la República, que reunieron a miles de personas en todo el país, a pesar de la situación sanitaria y las restricciones vigentes vinculadas a la Covid-19. La principal demanda de los manifestantes fue obtener la disolución del Parlamento, dominado por Ennahda contra quien la ira es fuerte. Los locales del movimiento liderado por Rached Ghannouchi también fueron saqueados en varias ciudades.
Los órganos de gobierno del partido denunciaron de inmediato “un golpe de Estado contra la revolución”. El jefe de Estado, comprometido durante meses en una disputa con Ennahda, que causaron grandes bloqueos políticos que exasperan a la población, declaró, por su parte, haber “tomado las decisiones que la situación requiere para salvar Túnez, el Estado y al pueblo tunecino”. “Esto no es una suspensión de la Constitución ni una salida de la legitimidad constitucional. Estamos trabajando en el marco de la ley”, aseguró, apoyándose en el artículo 80 de la Constitución que permite al presidente tomar las medidas que considere necesarias “en el evento de un peligro inminente que amenace las instituciones de la nación y la seguridad e independencia del país, y obstaculice el funcionamiento regular de los poderes públicos”.
